El basural que no queríamos como vecino

No todas las historias de Chincolco tienen que ver con petroglifos, vírgenes viajeras o vinos centenarios. Algunas son mucho más terrenales, y también más urgentes: como la del vertedero que durante años convivió a menos de 300 metros de las casas de la población O’Higgins.

El problema no era nuevo cuando empezó a salir a la luz pública: los vecinos llevaban cerca de 15 años recibiendo la basura del pueblo prácticamente de la misma manera, en un basural a cielo abierto que, con el paso del tiempo, había ido creciendo hasta quedar demasiado cerca de las viviendas. Lo que encendió la alarma fue un cambio normativo: el Estado había fijado un plazo —el 31 de diciembre de 2017— para que todo vertedero o botadero manual del país se transformara en un relleno sanitario propiamente dicho, cumpliendo con las exigencias del decreto 189, o de lo contrario debía cerrar definitivamente.

Frente a ese plazo, la respuesta que se manejó en Chincolco no fue cerrar el basural, sino reconvertirlo en el mismo lugar donde llevaba años funcionando. Y ahí es donde surgió el conflicto: para los vecinos, instalar justo ahí un relleno sanitario —con la carga simbólica y sanitaria que eso implica para quienes viven al frente— resultaba difícil de aceptar, sobre todo considerando que el municipio parecía haber dado por descontado que la comunidad no se opondría. Según denunciaron en su momento, el basural incluso se amplió mientras se intentaba convencer a los vecinos de que lo que vendría sería un «centro integral de reciclaje», una etiqueta que muchos leyeron más como maquillaje comunicacional que como un cambio real en el fondo del problema.

Lo que más pesaba, en el reclamo vecinal, no era solo la cercanía del basural con las casas, sino la sensación de que se estaba resolviendo el problema de la basura del pueblo sin resolver, al mismo tiempo, otras carencias básicas de infraestructura sanitaria. La comunidad llegó a resumir la contradicción en una frase simple y directa: en Chincolco hay un basural, pero no hay alcantarillado. Dicho así, de forma tan escueta, queda bastante claro qué prioridades sentían que se estaban invirtiendo.

El contexto, además, no ayudaba a bajar la tensión. Este conflicto por la basura se dio en paralelo a la crisis hídrica que golpea a todo el valle de Petorca, en una zona donde buena parte de la comunidad ya arrastraba años de conflicto por el acceso al agua frente a la expansión agroindustrial. Que a la escasez de agua se sumara, además, la amenaza de un relleno sanitario a metros de las casas, terminó de configurar un cuadro de acumulación de problemas ambientales sobre los mismos vecinos, en el mismo sector del pueblo.

Vale la pena decirlo con claridad: esta es la fotografía de un momento específico, el de fines de 2017, cuando la denuncia se hizo pública y la comunidad empezó a organizarse y a difundir su malestar. Como en toda historia de gestión de residuos y trámites municipales, es un tema que sigue evolucionando con los años, entre plazos, permisos y negociaciones.